Desde el 18 de junio de este año se oficializó la puesta en marcha del
Nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestro país. Éste tiene como ejes tanto un
carácter restitutivo fundamental como el respeto irrestricto a los derechos
humanos. Aunado a la implementación de mecanismos alternos para la impartición
de justicia. Esto pone de relieve un viraje crucial en esta materia, puesto que
anuncia un cambio constitucional de amplia envergadura. En este sentido, puede
decirse que el espíritu de esta nueva arquitectura institucional resulta de
vanguardia, y está acorde con las legislaciones contemporáneas implementadas
desde hace tiempo en otras latitudes. No
en balde el proceso arrancó desde hace prácticamente una década. Sin embargo,
éste no ha tenido un despliegue homogéneo a lo largo del territorio nacional, y
hoy pueden observarse serias diferencias en lo que refiere a los avances y
retroceso de la adecuación de las entidades federativas a este nuevo marco. Lo
anterior se torna más espinoso si consideramos que el plazo para que este nuevo sistema esté
funcionando en pleno vence en tres años.
Ante esto es preciso interrogarse acerca de las distintas capacidades
técnicas y en materia de recursos humanos que se requieren para que el Nuevo
Sistema de Justicia Penal cumpla con los objetivos que se ha trazado. De manera
específica ¿en Jalisco estamos en condiciones de hacerle frente de forma
eficiente a los retos asociados con este cambio constitucional? ¿En el estado
se cuenta con el capital social y humano capaz de operar esta nueva
legislación? ¿Cuáles son los principales desafíos que es preciso
solventar?
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