En la cotidianeidad mexicana elementos como la inseguridad,
la violencia o la impunidad, siguen teniendo gran presencia causando temor e
indignación en la sociedad, a la par de la otra cara de la moneda donde durante
los últimos años el respeto de los Derechos Humanos y los abusos en el sistema
penal representan algunos de los reclamos más sentidos, creando un dilema
complejo entre víctimas y victimarios (o presuntos victimarios) y un reto para
las instituciones.
En 2016 se puso en práctica un nuevo sistema de justicia
penal, producto de la Reforma Constitucional de 2008, -la más importante en
México desde la Constitución de 1917. Desde entonces ¿cuáles han sido los
resultados obtenidos? ¿Qué ha significado realmente el cambio de un sistema
inquisitivo a uno acusatorio? ¿Se ha avanzado en la protección de los derechos
de las víctimas? ¿El personal al frente de las nuevas instituciones está
preparado para desempeñar su puesto?
